Reunión de vecinos por la discoteca Desorden

Estos días se está hablando mucho en Ourense de la discoteca Desorden y su reciente reapertura. Parece que la situación ha generado bastante revuelo, y por eso, los vecinos de las calles Valle Inclán y Ramón Cabanillas han convocado una reunión abierta para el próximo martes, 18 de noviembre de 2025. La cita es a las 18:30 horas en el Hotel Princess, y el objetivo es claro: abordar la situación actual y decidir qué medidas tomar frente a la polémica reapertura de este local. Es una oportunidad para que quienes se sientan afectados o simplemente quieran entender mejor lo que está pasando, se acerquen y participen.

La controversia viene porque la discoteca Desorden ha vuelto a abrir sus puertas después de cinco años de clausura, y esto ha provocado una escalada de tensión entre los vecinos y el propio Concello de Ourense. La principal preocupación que tienen los residentes es si la discoteca cuenta realmente con un seguro de responsabilidad civil válido, algo que es fundamental para un local de este tipo. Según la normativa, para establecimientos con aforos de hasta 500 personas, es obligatorio por decreto autonómico tener una póliza con una cobertura mínima de 750.000 euros. Lo que denuncian los vecinos es que, al parecer, hubo un "gravísimo defecto en la tramitación administrativa", ya que se autorizó la transmisión de la licencia y el reinicio de la actividad sin que el técnico encargado exigiera este requisito de seguridad tan esencial.

Ante esta situación, Antonio Feijóo Miranda, que es el letrado de la comunidad de propietarios afectada, ha sido bastante claro. Ha advertido que si el local abrió sin ese seguro, interpondrá una querella criminal contra el concejal de Urbanismo por prevaricación. De hecho, la defensa vecinal ya ha dado un plazo de 24 horas a la mercantil Ourensebaila S.L. para que acredite la existencia de dicha póliza. El abogado subraya que operar sin este seguro no solo es una "infracción muy grave" que podría acarrear sanciones de hasta 300.000 euros, sino que también debería implicar la "suspensión inmediata" de la actividad. Si el gobierno local no toma cartas en el asunto y no ordena el precinto, los vecinos están decididos a acudir a la vía penal, acusando a los responsables políticos de no cumplir con su deber de vigilancia y de tolerar una situación que consideran ilegal. Por todo esto, la reunión del martes se presenta como un punto clave para que los vecinos puedan organizarse y buscar soluciones.